El presidente y representante legal de Microsoft, Brad Smith, considera que es hora de consagrar un instrumento internacional que brinde protección a los bienes y a las personas afectados por los ataques informáticos. En un post del 14 de febrero de este año afirmó la necesidad de producir una Convención Digital de Ginebra, en homóloga relación al marco que brinda amparo a los prisioneros de guerra y las poblaciones civiles durante los conflictos bélicos. Reconoció los roles críticos a jugar por los gobiernos estatales, pero sostuvo que en la guerra informática los blancos con mayor exposición al peligro son los que integran la propiedad privada de la comunidad civil.

 

A Smith no lo sensibilizan las humanidades defendidas por la normativa promovida oportunamente por el Comité Internacional de la Cruz Roja, sino “los cables submarinos, servidores y  centros de datos” de las grandes firmas y, piadoso como es, los smartphones y laptops de usuarios y consumidores. La función heroica, a juicio de Smith, la realiza el sector tecnológico privado que opera como la primera línea de defensa contra los ataques de los Estados nacionales en la Internet. Es interesante registrar que de las 29 veces que escribió Estado nación, en 21 casos aplicó una significación agresiva o una adjetivación criminalizante (atacante, ciberatacante o hackeador). Las 12 menciones al sector tecnológico, por el contrario, fueron para adjetivarlo como protector, colaborador, neutral, étnicamente inclusivo, defensor y, faltaría más, como víctima.

 

Un nuevo post del 13 de abril, del mismo empresario, sirvió para comunicar “el creciente consenso acerca de la necesidad de un acuerdo internacional contra los ataques de los estados nacionales”. En su manifiesto, celebró, en primer término, una declaración del Grupo de los 7 (G7) que admitió la urgencia de establecer normas promotoras de comportamientos estatales responsables en el ciberespacio, e informó, en segundo lugar, la publicación de una serie de documentos por parte de Microsoft que subrayan la importancia de formalizar un acuerdo que proteja a civiles, infraestructuras y firmas privadas de las agresiones informáticas estatales. También criticó la impronta voluntaria de la oferta del G7 y conminó a materializar un esquema de normas obligatorias y con rol de primer orden a favor de las corporaciones tecnológicas.

 

Smith alentó a construir una organización internacional que incorpore en igualdad de condiciones a la industria privada, ya que una constituida por Estados nacionales carecería de la confianza que debe existir en el ecosistema digital. Sólo la participación del sector privado puede garantizar independencia a un organismo de este tipo, enfatiza el hombre fuerte de Microsoft. Como antecedente y ejemplo, aludió al Organismo Internacional de Energía Atómica, cuyo estatuto, contrario a lo sugerido por el empresario, basa su existencia en el principio de igualdad soberana de los Estados nacionales signatarios (Artículo IV, apartado C), al punto que ejerce sus actividades “con el debido respeto por los derechos soberanos de los Estados” (Artículo III, apartado D).

 

Uno de los documentos publicados por la empresa condenada por monopolio en Estados Unidos en 1999, e investigada y multada reiteradamente por el mismo motivo por China y la Unión Europea respectivamente, propagandiza las virtudes de independencia y transparencia de la industria tecnológica para construir una nueva forma de ciberdefensa, que vigile y conteste los ataques estatales. Otra de las propuestas, dirigida a proteger a la gente en el ciberespacio, contiene funciones de verdadero interés público, preventivas y retaliativas, para que “las compañías tecnológicas globales” que “poseen y operan la mayor parte de la infraestructura informacional de la que depende el mundo” materialicen por su cuenta o en colaboración con administraciones estatales.  

 

La enfermedad holandesa

 

La pretensión de Brad Smith desea restaurar la voluntad monopólica que nutrió y expandió el comercio de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales en la geografía asiática, durante los siglos XVII y XVIII. Esta poderosa sociedad anónima gestionada por los Heeren XVII (17 directores representantes de los accionistas), que actuaba con autonomía de cualquier injerencia regulatoria estatal, pudo marginar a los portugueses de la competencia imperial pero no logró resistir la combinación de fuerzas de la corona británica y sus firmas autóctonas.

 

El ex jefe del Estado nación más poderoso del G7, Barack Obama, procuró una actuación imperial más acorde a la tradición de su madre patria, al defender a Google y Facebook contra las investigaciones de las autoridades públicas europeas, imputando a las últimas un reflejo proteccionista, resultante de sus ineptitudes innovadoras y competitivas: “Nosotros hemos sido dueños de la Internet. Nuestras empresas la crearon, ampliaron, y perfeccionaron de maneras en que no pueden competir.”

 

Registremos que los ataques informáticos de este año, perpetrados con ransomware, se difundieron gracias a la apropiación por parte de un grupo de hackers del programa EternalBlue, creado por la Agencia Nacional de Seguridad para que sus espías penetren los equipos que utilicen sistemas operativos de Microsoft. Esta firma, sin embargo, es corresponsable por diseñar sistemas operativos de baja calidad y obsolescencia planificada, con el objeto de imponer a sus usuarios costosas actualizaciones, sin proveer de profilaxis alguna que ampare los sistemas pretéritos. No fue una incurable malicia estatal la que habilitó los ataques mencionados, sino la combinación de militarismo y avaricia, como acertadamente denunció Sam Biddle.

 

Intereses, tensiones y estrategia

 

El interés de Microsoft es primordialmente lucrativo. En tal sentido, anhela redactar o participar de la producción de cualquier regulación que afecte el mercado de sus bienes y servicios. Sus propuestas deben interpretarse como una cooptación preventiva, que inhiben acciones tales como la multa de 2420 millones de euros aplicada por la Comisión Europea a Google. La demonización y el debilitamiento de los Estados reguladores es asunto funcional a sus intereses económicos.

 

A los jefes de los Estados centrales no les interesa que las burocracias que comandan sean apartadas de injerencias decisivas. Existen tensiones entre la defensa del interés de sus corporaciones y la autonomía y el desarraigo creciente de muchas de ellas; también entre los intereses divergentes de los Estados centrales entre sí y sus respectivas corporaciones. Se puede conjeturar que el estatismo de mercado del comunismo chino, con preeminencia de la burocracia partidaria gubernamental, lidia de mejor manera con la primera tensión.

 

A falta de potentes firmas multinacionales en el mercado de bienes y servicios digitales como los norteamericanos, de un bloque regulador y de gobierno más o menos coherente como el de la Unión Europea, y sin la ventaja totalitaria y el gigantesco mercado del estatismo de mercado chino, ¿qué estrategias defensivas y promotoras de nuestros intereses securitarios y comerciales programan y coordinan las administraciones del Mercosur y de la región que lo comprende?