El Congreso brasileño cerró el año con la aprobación de una enmienda constitucional que procura congelar el gasto público por un plazo de 20 años. Hasta el 2037 las erogaciones gubernamentales en todos los rubros estarán limitadas por la tasa de inflación del año anterior al de cada ejecución, independientemente de los crecimientos económico y poblacional, y con renuncia a repeler nuevas recesiones con injerencias que incentiven demandas o créditos reactivantes.

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El relator especial de las Naciones Unidas sobre la pobreza extrema y los derechos humanos, Philip Alston, afirma que se trata del paquete de austeridad socialmente más regresivo del mundo, un ataque contra los pobres y una violación de las obligaciones de Brasil bajo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: "Se trata de una medida extrema, carente de todo matiz y compasión". Es el precio que está dispuesto a hacer pagar Temer para recuperar la confianza de los inversionistas y mejorar en los índices elaborados por las calificadoras de riesgo crediticio. Con este objetivo, redistribuye ingresos fiscales a favor de los acreedores y tenedores de bonos brasileños, en desmedro de los usuarios nacionales de servicios educativos, sanitarios, de vivienda y de bienestar público en general.  

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Paulo Zahluth Bastos, profesor de economía de la universidad de Campinas, advierte que el congelamiento reducirá la inversión educativa en un tercio por cada estudiante de los ciclos primarios y la de salud en un 10% por paciente. Anticipa un incremento de la demanda de servicios sociales, por el envejecimiento y el crecimiento poblacionales que deberá ser satisfecha con menos recursos. Zahluth Bastos sostiene que se trata de un ajuste que no registra precedentes en el orden mundial y es aún más sentenciante que Alston: “Es el estado más contraccionista con el programa más beneficioso para los tenedores de deuda pública en la historia de la humanidad”.

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Este formidable ajuste no tiene en cuenta la altísima concentración de ingresos que caracteriza la economía brasileña, con una inequidad que supera la de otras economías en desarrollo, como también la vigente en Estados Unidos de América, con excepción del 0.01% de los estadounidenses más ricos, único segmento en condiciones concentradoras similares al brasileño. ¿No sería más sensato y sensible incrementar la carga impositiva sobre los sectores más ricos antes que recortar severamente servicios esenciales para la existencia de los más vulnerables para resolver el déficit fiscal?

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Pero el ideologismo voluntarista se impone sobre la sensatez e incluso la experiencia reciente. Sobre este punto Paul Krugman advierte sobre el descrédito en que están inmersos los promotores de los planes de austeridad, en especial a partir de las políticas de ajuste implementadas a partir del 2010, que agravaron las condiciones económicas de los países que las aplicaron, con mayor sufrimiento en aquellos que ajustaron más intensamente. ¿Por qué, entonces, persiste la disposición ajustadora entre algunos “especialistas” y decisores públicos? Krugman sugiere que tal persistencia se comprende por ser funcional al interés de la agenda conservadora, en tanto les permite desarticular las soluciones de bienestar y recortar beneficios sociales. Las manipulaciones mediáticas y discursivas conservadoras se complementan con cierta subordinación cultural de dirigencias centristas, que no cuestionan las infundadas máximas de la derecha económica por temor a perder un artificial prestigio estadista.

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El nobel de economía se divierte con la idea de que los recortes presupuestarios generan confianza reactivadora de la economía. Él alude al “hada madrina de la confianza” para explicar el pícaro embuste promovido por interesados empresarios que lograron consolidar esta tesis (fortalecida por un trabajo de Alberto Alesina que contó con su cuarto de hora, deficitario en lo estadístico como posteriormente verificaron especialistas del Fondo Monetario Internacional, organismo que concluyó por reconocer el impacto negativo de las medidas de austeridad en el crecimiento económico). A los líderes empresarios les fascina la idea de recortes gubernamentales y acciones anti keynesianas porque des-empoderan actores sociales con objetivos contradictorios a los suyos, y el buzón de la confianza es útil para producir su debilitamiento. Este des-empoderamiento de sus contradictores permite a la ceocracia empresaria y sus mandantes incrementar sus beneficios a través de la predación de los ingresos de los trabajadores y de recursos fiscales que financian servicios públicos esenciales, antes que por medio de riesgosas inversiones en la economía real.

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La decisión del gobierno brasileño avizora más empobrecimiento que reactivación económica (confundida en muchos casos con “rebotes” que no significan crecimiento estable, mucho menos sustentable). El mercado brasileño, por ende, no será reactivante de economías regionales en el corto plazo. En el mediano/largo plazo su potencia como motor económico regional se reduce significativamente. En tiempos de tasa de interés cero y bajo crecimiento global los países de la región más dependientes de la locomotora (¿?) brasileña deben imaginar y diseñar nuevos horizontes exportadores. Corresponde reflexionar sobre la dimensión, intensidad y modalidades de la restauración represiva en el orden interno brasileño que sobrevendrá si la meta contractiva se materializa, así como sus posibles conexiones con las políticas de seguridad a implementar por la administración de Donald Trump (en particular, respecto de una posible reemergencia del “peligro narcoterrorista", a partir de la designación de John Kelly al frente de la cartera de Seguridad Interior).

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El prometedor lenguaje de las reformas de segunda y tercera generación de los 90 del siglo pasado se diluye aún más en el neoliberalismo recargado brasileño, que extiende los plazos a décadas de ajuste y empobrecimiento nacional (el impacto en la educación es emblemático). El mito neoliberal del sacrificio perpetuo en pos de futuros promisorios (más futuros que reales) se conjuga con la dramática ironía emplazada alguna vez, según dicen, por Charles de Gaulle, que juzgó a la República Federativa de Brasil como la nación sísifamente condenada a ser -por siempre- el país del futuro.

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