El Segundo Siglo de las Luces
Por Fredes L. Castro
3 de noviembre de 2016
En una encuesta realizada a 476 altos ejecutivos de todo el mundo en el año 2015 por parte de la Unidad de Inteligencia del Economist (EIU), 9 de cada diez respondieron que el uso de datos y el análisis de datos eran vitales o muy relevantes para su organización. El 43% de los encuestados señaló que el empleo de la big data los motivó a invertir en nuevas tecnologías. El informe de la EIU, basado en lo sugerido por una firma tecnológica, anticipa que el mercado de los instrumentos digitales para ordenar y organizar datos crecerá a un ritmo del 23% anual hasta el año 2019, alcanzando la suma de 50 mil millones de dólares.
Pero es difícil pronosticar cifras, habida cuenta que más de dos tercios de los encuestados revelan interés en desarrollar ellos mismos unidades de negocios dedicadas a desarrollar productos y servicios relacionados con el uso de datos. El análisis de extraordinarias cantidades de datos de proveedores y clientes apunta fundamentalmente a detectar tendencias y patrones en los mercados, en los casos que no importa la principal fuente de ingresos. Sólo el 34% reconoce ser “muy efectivo” en la transparencia con que usan los datos obtenidos de sus clientes.
Negocios con buena salud
La gestión de la privacidad de los datos es un factor de gran significación, mucho más cuando se tiene en cuenta las actividades que algunas empresas desarrollan. ConneXions Asia (CXA), por caso, oferta una plataforma en la que las empresas pueden acceder a diversos asuntos vinculados con los seguros de salud de sus trabajadores, los que pueden usarla también para modificar algunas prestaciones, dentro de un marco económico determinado. El fundador de CXA, Chow Koo, afirma: “De esta manera es posible crear un sistema de incentivos que premie a las personas que manifiestan mejores registros de salud, garantizando el retorno que implica esa inversión”.
Chow Koo nada dice respecto de posibles castigos dirigidos contra los que reporten índices sanitarios negativos, mucho menos si el despido constituye una posible sanción expresa o encubiertamente decidida. Suzanne McGee incomoda al cuestionar la ética de incentivos que operan como intrusiones diseñadas para maximizar los ingresos de una compañía mucho más que el bienestar físico y psíquico del ser humano trabajador.
Mcgee calibra los perjuicios salariales y estigmatizantes que sufren los trabajadores, como los de la Clínica Cleveland, obligados a pagar tasas de seguros de salud más altas al no verificar mejoras en su estado físico, o los docentes de la Universidad Bates, impedidos de acceder a los descuentos para el comedor universitario, ofrecidos como premios a los equipos de trabajadores que informaran mejoras en su salud y peso, a través de dispositivos que hacen estos datos accesibles al empleador. En Japón las corporaciones no llegaron tan lejos, directamente lo hizo el Gobierno que reglamentó un sistema de penalidades a aplicar a las empresas que no lograran reducir el número de trabajadores con sobrepeso.
Rejas, sirenas y claustros
El profesor de Filosofía Contemporánea William David Watkin, llama la atención sobre otros dispositivos, los que se aplican a los que purgan o purgaron una condena en prisión. No se detiene en los elementos que permiten vigilar los desplazamientos físicos y localizaciones de las personas que estuvieron privadas de su libertad, sino en sistemas más avanzados que habilitan controles mucho más íntimos, aptos para denunciar cambios fisiológicos del portador, como consecuencia del consumo de alcohol o drogas. Conjetura con avances que permitan incluso “alertar” sobre excitaciones sexuales o alteraciones emocionales de diversa naturaleza. Watkin advierte: “Los efectos psicológicos de un monitoreo tan constante e intrusivo podrían considerarse una suerte de persistente tortura psicológica de baja intensidad.” Sin embargo, antes que el juicio y la condena, existen la vigilancia y las detenciones policiales.
Analizando estadísticamente datos relativos al despliegue del delito y sobre la base de modelos matemáticos de la actividad criminal, las autoridades de Atlanta, Nueva York, Filadelfia y de docenas de ciudades norteamericanas desarrollan o desarrollarán distintos programas policiales predictivos. En sintonía con Watkin, el profesor Sidney Perkowitz sentencia: “Como sucede con cualquier tecnología, la vigilancia predictiva está sujeta al imperativo tecnológico, el impulso para llevar una tecnología al máximo sin tener en cuenta sus costos humanos."
Activistas de derechos civiles de los Estados Unidos rechazan las posibilidades brindadas por una ingeniería supuestamente predictora de los crímenes, para ellos se trata de nuevas modalidades que potencian una trayectoria de estigmatización y acoso policial de jóvenes pobres y minorías étnicas. Estos militantes sospechan de la escasa transparencia con que muchas de las fuerzas policiales elaboran sus estadísticas, pero más les preocupa la integridad de los datos que nutren los softwares, en particular los prejuicios raciales de aquéllos que discriminan, clasifican y suministran los datos.
Muy similares son las observaciones que Manuela Ekowo e Iris Palmer hacen en La Promesa y el Peligro del Análisis Predictivo en la Educación Superior. Sin descartar de plano los beneficios de un acompañamiento temprano para prevenir deserciones académicas, advierten sobre políticas de reclutamiento que fijan prioridades teniendo en cuenta quiénes pueden ser mejores financistas de la institución en el futuro, y sobre los riesgos de monitoreos basados en el pasado de los ingresantes, para configurar una instrucción distinta a la de sus pares, personalizada y divorciante.
¿Qué Era?
Anne-Marie Slaughter, destacada especialista en derecho internacional y analista de las relaciones internacionales, sostiene que en el mundo del siglo XXI los problemas y las amenazas se producen como consecuencia de poblaciones que están muy conectadas, insuficientemente conectadas, o conectadas de la manera equivocada con cosas equivocadas o personas equivocadas. Slaughter crítica duramente a los decisores públicos que no registran los cambios operados por las innovaciones digitales, promotoras de un mundo hiperconectado, incomprensible para las dirigencias que mantienen concepciones propias de los tiempos fronterizamente soberanos, emergentes de Westfalia.
La cientista social propone una imagen: la del planeta apreciado durante la noche, con sus corredores de luces revelando infinitas interconexiones humanas.
La ex decana de la Woodrow Wilson School afirma que la oposición distintiva de la era digital no es entre capitalismo y socialismo, ni entre democracia contra autocracia, sino entre lo abierto versus lo cerrado. Ella se pronuncia a favor de lo abierto y espera por conexiones permitan la coproducción de servicios esenciales entre gobiernos y ciudadanías. Slaughter proclama: “El orden jurídico del siglo XXI debe ser un orden doble, que reconozca la existencia de esferas de acción y de derecho nacionales e internacionales, pero admitiendo fronteras permeables entre ellas.”
Slaughter deplora a los dirigentes que defienden nociones propias del siglo XVII, pero no atina a descubrir que las características del mundo digital que tanto la esperanza, lo aproximan a otra era, sumamente horizontal y cosmopolita en sus partes dominantes. Tal era el siglo XVIII europeo – el Siglo de las Luces, curiosamente- en el que no existían fronteras entre las dinastías gobernantes y las clases altas, que formulaban las más cruciales definiciones políticas y socializaban su cultura sin habilitar participaciones populares. Estas dinastías detentaban los recursos y monopolizaban los procesos decisorios. Ese orden fue barrido por la Revolución Francesa y la Grande Armée de Napoleón Bonaparte.
Una versión de este artículo fue publicada por el Instituto de Investigaciones de Políticas y Proyectos Públicos del Círculo de Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional (ICIMISS)