Jesús Dureza, entonces secretario de prensa de la ciudad filipina de Davao, conducía en dirección a su hogar al finalizar la jornada laboral. Llamó su atención un taxista que aproximó su coche para colocarse junto al del funcionario. Al abrirse la ventanilla un chofer “infiltrado” le explicó que simulaba el oficio por las denuncias existentes sobre bandas delictivas que asaltaban taxistas mientras trabajaban de noche: “Quiero que me confundan como una víctima, para lidiar con ellos en persona”.

 

El falso taxista era el alcalde Rodrigo Roa Duterte, el hombre que prohibió fumar cigarrillos en toda la ciudad salvo lugares designados y que menores de 18 años deambulen sin la compañía de un mayor después de las 10 de la noche, al tiempo que promovió políticas sanitarias y de tolerancia al ejercicio de la prostitución. Ahora es presidente de la República de Filipinas y prometió hacer de su país un lugar tan seguro como la ciudad que dirigió por más de 20 años.

 

Como jefe de gobierno de la ciudad de Davao Duterte creó la Fuerza Especial Davao, organización integrada por agentes policiales y cuadros militares destinada a combatir el flagelo del crimen en la ciudad que estaba bajo su mando. El general retirado Rodolfo Mendoza sostiene que los oficiales policiales y militares eran más leales a Duterte que a la institución y la cadena de mando que los obligaba legalmente.

 

No faltan los que sugieren vínculos entre los Escuadrones de la Muerte que asolaron Davao con Duterte durante su extenso período como alcalde. Los jefes de los diversos distritos que componen el ejido municipal habrían elaborado listas con los nombres de los sujetos perturbadores del orden, que luego llegaban a manos de los responsables de materializar una respuesta definitiva.

 

El padre Amado Picardal indica que los ajusticiamientos extrajudiciales son la explicación a la reducción de la criminalidad experimentada en Davao. Sin embargo, no descarta el accionar de grupos mafiosos que, aprovechando la confusión de roles y medios, imitaron el estilo de los Escuadrones para suprimir competencias molestas.

 

También existen sospechas acerca de las relaciones entre Duterte y la guerrilla comunista del Frente Democrático Nacional, a la que habría permitido operar en ciertas partes de Davao con tal de evitar hechos de violencia que alteraran la paz y el orden ciudadanos. El pragmático líder, como presidente, anunció recientemente un alto el fuego unilateral para negociar la paz con la organización izquierdista.

 

En su discurso de toma del poder, el 30 de junio último, Duterte conminó a la ciudadanía filipina: “Si ustedes conocen adictos, mátenlos por su cuenta, pedirles a sus padres que lo hagan sería demasiado doloroso”. Como candidato presidencial se comprometió a eliminar 100.000 delincuentes, cuyos cuerpos engordarían a los peces de la bahía de Manila, para terminar con el crimen en un plazo no mayor a los seis meses.

 

Desde que Duterte asumió la presidencia más de 700 personas fueron muertas en Filipinas por parte de agencias policiales y parapoliciales, de acuerdo a organismos de derechos humanos que reclaman a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito que exprese su condena a la campaña contra el delito llevada a cabo en el mencionado país. ¿Respuesta de Duterte? “Fuck you Naciones Unidas, ni siquiera son capaces de resolver las carnicerías de Medio Oriente o las masacres de la gente negra en África”. No en vano lo llaman el Donald Trump filipino.

 

Como consecuencia de las intensas actuaciones policiales y extrajudiciales de anónimos justicieros privados más de 100 mil filipinos decidieron entregarse a las autoridades, lo que se tradujo en una fenomenal superpoblación carcelaria. Las tasas de criminalidad, según organismos oficiales, habrían descendido un 13% desde que Ruterte se transformó en presidente.

 

La ex ministra de Justicia Leila de Lima asegura que las fuerzas de seguridad, bajo la excusa de la campaña antidrogas, están matando personas inocentes, la mayoría de ellas habitantes de los vecindarios más vulnerables que son transformados en verdaderas zonas liberadas. Los agentes policiales se defienden, replicando que se trata de sospechosos que resistieron el arresto y dispararon contra ellos.

 

Figuras como Rodrigo Duterte, ¿no representan la expresión final, un tanto bizarra, del conjunto de políticas combinadas en eso que suele llamarse “guerra contra las drogas”? Las conexiones entre agencias de seguridad policiales y fuerzas militares; la desaparición de toda frontera entre la seguridad interior y la defensa nacional; el despliegue de dispositivos incapaces de impactar en el negocio del narcotráfico pero sumamente efectivos para desplegar violencias en las barriadas más humildes y aniquilar libertades y garantías individuales de sus habitantes; la emergencia de “autodefensas” paraestatales, entre otros factores: ¿no remiten a los peores momentos verificados en Colombia y los que desde hace años padece México? Las dirigencias de nuestra región, ¿registran que este tipo de políticas sólo tienen como desenlaces la anomia social y la impunidad? De registrarlo, ¿qué alternativas proponen?